Las finanzas sostenibles se han convertido en un tema que está cobrando una especial importancia en este siglo, si bien su despegue definitivo lo podemos ubicar en estos últimos dos o tres años. En Europa el punto de inflexión lo podemos situar en un momento concreto, el 8 de marzo del año 2018, en el que la Comisión Europea adopta el Plan de Acción para financiar el desarrollo sostenible.

Con este Plan, la Comisión reafirmaba el compromiso europeo en la lucha global contra el cambio climático mediante el impulso de medidas concretas.  El Plan se puso en marcha con el objeto de reorientar los flujos de capital hacia las inversiones sostenibles, así como para gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático. Su finalidad, por tanto, no es otra que transformar la economía europea en un sistema más ecológico, resistente y circular. Para ello, el Plan se desarrolla en 10 actuaciones que se deben poner en marcha hasta el mes de marzo del año 2020.

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El plan surge como consecuencia, por un lado, de la aprobación de la Agenda 2030 por parte de las Naciones Unidas y, por otro lado, del Acuerdo de París adoptado por 195 países en la conferencia sobre el Cambio Climático (COP 21) el 12 de diciembre del año 2015.  La Agenda 2030 tiene como objetivo el impulso del desarrollo sostenible con el horizonte temporal del año 2030 y para ello enumera hasta 17 objetivos a alcanzar (Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS). Un desarrollo sostenible que es definido en la Agenda 2030 como aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. 

Los elementos anteriormente comentados, así como la presión ejercida por cada vez mayores colectivos ciudadanos, han sido los verdaderos detonantes para que las finanzas sostenibles comiencen a ocupar un pilar central en el diseño presente y futuro de los servicios financieros. Pero ¿qué son las finanzas sostenibles?

Las finanzas sostenibles son aquellas que suministran financiación a aquellos inversores que prioricen en su proyecto los aspectos medioambientales y sociales. Es decir, se persigue el fomento del crecimiento económico, pero siempre reduciendo la presión sobre el entorno. Esto significa luchar contra la contaminación, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y los residuos al máximo, así como mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos naturales. 

Así, cumplir los objetivos marcados por la agenda 2030 supone la movilización de grandes recursos financieros. Sólo en Europa se calcula que se necesitarían unos 180.000 millones de euros anuales para alcanzarlos, por lo que el esfuerzo que se requerirá es enorme. Para ello se necesita de forma inevitable la máxima colaboración de las finanzas privadas y ello supone la reorientación de los servicios financieros hacia un tipo de finanzas más sostenibles. En definitiva, el mundo de las finanzas no puede ser ajeno a la sostenibilidad y a todo lo que implica este concepto.

Las entidades de crédito y otros participantes del sistema financiero como las aseguradoras, los gestores de fondos y de pensiones o los fondos de capital riesgo como actores que son del sistema financiero y del mercado de capitales deben ser los catalizadores del proceso de financiación de la transición ecológica. Su participación es imprescindible si queremos ir hacia una economía más sostenible, ya que por un lado estas instituciones son proveedores del crédito necesario para que se desarrolle la actividad económica y por otro lado son los gestores de gran parte del ahorro de los particulares. 

Las finanzas sostenibles suponen una transformación profunda del sistema financiero tal y como estaba configurado estas últimas décadas y supone una forma de gestionar las finanzas a medio y largo plazo. Una manera de gestionar que siempre acaba siendo mucho más rentable que la que se basa exclusivamente en el rabioso corto plazo. Quizás su rentabilidad sea más moderada para las entidades financieras y para los inversores privados, pero por el contrario es mucho más estable en el tiempo, además de generar un impacto positivo en el entorno y en la sociedad. 

Como consecuencia de la mayor concienciación de la sociedad sobre la sostenibilidad y el respeto al medioambiente, cada vez es mayor el número de clientes que exigen a su gestor financiero el conocer cómo se están utilizando sus inversiones y si sus criterios y principios de actuación son o no socialmente responsables. En definitiva, el cliente está demandado a su entidad financiera transparencia en la gestión de sus inversiones y de todos aquellos otros fondos que la entidad canaliza. 

Dentro de las finanzas sostenibles podemos encontrarnos con tres tipologías diferentes:

• La banca ética o aquella forma de hacer banca que desarrolla su actividad siguiendo desde un primer momento, además de los principios financieros propios de la banca tradicional, los de transparencia en las actividades que se llevan cabo, permitiendo el acceso directo a los clientes de toda la información vinculada a los proyectos desarrollados, la maximización de la rentabilidad social a través del fomento de actividades con un alto valor añadido social, así como la sostenibilidad y la potenciación de la economía real al mantenerse este tipo de entidades al margen de los mercados secundarios y especulativos.

• Las microfinanzas que facilitan el acceso a los servicios financieros básicos a grupos de población caracterizados por atravesar situaciones adversas desde el punto de vista económico. Los grupos sociales incluidos entre sus objetivos englobarían a pequeñas empresas, trabajadores autónomos e incluso individuos que se encuentren en situaciones de riesgo de pobreza o con escasos recursos. Su objetivo no es otro que el permitir que dichos colectivos puedan acceder a servicios financieros como pueden ser la apertura de cuentas corrientes, la solicitud de créditos y de tarjetas de crédito… y todo ello teniendo en cuenta que las microfinanzas se caracterizan por centrarse en productos de escasa cuantía económica. 

• La inversión socialmente responsable (ISR): Se trata de aquellas inversiones que incluyen además de los criterios de gobernanza estrictamente económicos como son el riesgo y la rentabilidad, otros elementos como los sociales o medioambientales. Hay que destacar que este tipo de inversión se consideraba hasta hace muy poco tiempo un área con muy poco peso o nicho en el segmento inversor. Sin embargo, en la actualidad cuenta con un elevado número de inversores e incluye tanto a personas físicas, como a grandes patrimonios e instituciones tales como fondos de inversión, planes de pensiones y fundaciones. Los estímulos que animan a este tipo de inversores son muy diversos e incluyen motivaciones personales, creencias políticas, principios religiosos, acontecimientos específicos y la cada vez mayor responsabilidad empresarial en relación con el entorno en el que se hayan insertas las empresas.

Entre los productos de financiación que fomentan el desarrollo sostenible podemos destacar: 

• Fondos de pensiones y de inversión sostenibles: Se trata de instrumentos que canalizan el ahorro de los particulares hacia inversiones sostenibles y cuya administración recae en una entidad gestora. Como ejemplo de este tipo de instrumentos en España tenemos el plan de pensiones individual sostenible (Plan Sostenible Moderado ISR) que lanzó en el mes de diciembre del año pasado el BBVA. Dicho plan está gestionado con criterios de inversión socialmente responsable y tiene como público objetivo a aquellos inversores que cuenten con fuertes valores éticos y que busquen una forma alternativa de invertir. 

• Bonos verdes, sostenibles y sociales: Se trata de emisiones de deuda pública o privada que tienen como objetivo la financiación de proyectos destinados a promover un impacto social o ambiental positivo.  La primera emisión de bonos verdes en el mundo data del año 2007 y fue llevada a cabo por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Sin embargo, no fue hasta el año 2014 en el que comenzó el boom de este tipo de instrumentos gracias, entre otros elementos, al crecimiento de la conciencia social y medioambiental que impulsó la ONU con los ya mencionados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el caso español, en el año 2019 se emitieron bonos verdes por importe de 9.300 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 60% en relación al ejercicio anterior. Aun así, su peso en el conjunto de emisiones de renta fija en el mercado español únicamente alcanza el 11,5 % del total. Entre las entidades públicas que han emitido bonos sostenibles podemos citar a la Comunidad de Madrid, que ha utilizado los fondos obtenidos para financiar políticas públicas relacionadas con la sanidad, la educación, los servicios sociales, la promoción del empleo, el transporte público y la vivienda social o al Ayuntamiento de Barcelona.

• Capital riesgo social: Se trata de promover inversiones con criterios de sostenibilidad hacia aquellas empresas que no cotizan en los mercados de valores. 

• Microcréditos: Su origen se remonta a los años 60 cuando Muhammad Yunnus, conocido como el “banquero de los pobres” creó este tipo de préstamos para ayudar a los más necesitados. Se trata de conceder créditos de escasa cuantía a proyectos de emprendimiento que tienen grandes dificultades para acceder a las formas de financiación tradicional. Su objetivo no es otro que el fomentar el autoempleo de aquellos colectivos más desfavorecidos y que sufren exclusión financiera. 

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Por tanto, los microcréditos sólo se suelen solicitar en situaciones muy puntuales y por determinados colectivos sociales. Se trata de financiar el desarrollo de proyectos relacionados con pequeños negocios ya existentes o que se quieren lanzar al mercado. En el primer caso, se trata de obtener fondos bien para ampliar el negocio ya en marcha o para obtener fondos suficientes que permitan al autónomo o la pequeña empresa sortear un momento de crisis o dificultad.