El Gobierno pretende agilizar el despliegue de las redes 4G en nuestro país. ¿Cómo va a afectar esto a la televisión? La hoja de ruta diseñada por las principales operadoras, establecía que a lo largo de este 2014 recién estrenado, la cobertura de cuarta generación estaría disponible para todas las ciudades cuya población superase los 70.000 habitantes.

Cuestión de tiempo

Estos plazos no terminan de satisfacer al Ejecutivo. El responsable de la cartera de Industria, José Manuel Soria, declaró en un evento reciente que el ministerio por él representado va a presentar ante el Consejo de Ministros un plan técnico con el fin de acelerar el proceso. La voluntad del Gobierno es que las operadoras “ocupen” el ancho de banda que hoy utilizan 9 canales de TDT (tres de Atresmedia, dos de Mediaset, dos de Veo TV y dos de Net TV), en lugar de la frecuencia actual, de calidad inferior.

Medida polémica

En 2010, durante el mandato de José Luis Rodriguez Zapatero, fue aprobado el actual reparto de frecuencias. Sin embargo, el Partido Popular encontró el dividendo digital fraudulento. Mediante un recurso interpuesto por la empresa Infraestructuras y Gestión 2002, el Tribunal Supremo, anulaba el proceso, obligando a las cadenas implicadas a cerrar sus canales. Actualmente la sentencia está pendiente de aplicación.

    Te puede interesar: La desaceleración de la productividad

El “hachazo” anunciado desde Moncloa no es noticia para los profesionales del mundo audiovisual. Antonio Mateos, presidente de la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones (FENITEL), lo resumía así a los medios «llevamos dos años engañados con el Dividendo Digital».

Otros grupos afectados, como Uteca, (Unión de Televisiones Españolas Comerciales Asociadas) han recurrido igualmente al Supremo para frenar el auto e impedir el cese en las emisiones, situando el origen de la problemática en las licitaciones obtenidas durante el gobierno del Partido Socialista.

Lecturas políticas aparte, no podemos olvidar tampoco el impacto social que esta medida va a acarrear. El cambio a la TDT provocó en su momento un rechazo generalizado, ya que obligó a reordenar canales y antenas, comprar nuevos decodificadores y televisores, etc. La Administración ha manifestado su voluntad por ayudar en la subvención de la nueva “reantenización”, pero la partida de los Presupuestos Generales destinada a tal efecto sólo es de 45 millones. El coste aproximado de la operación podría ser de 800 millones de euros: ¿volverá la historia a repetirse?

Disminuyendo la brecha digital

Desde Moncloa defienden la propuesta como encargada de cohesionar la economía española e impulsarla, contribuyendo decisivamente a la productividad en las zonas rurales y ayudando a descongestionar las arterias virtuales de las grandes urbes. Lo que en texto queda realmente bien, en la práctica suena, cuanto menos, quimérico.

El éxodo rural hace años que se llevó a cabo, las poblaciones menores las componen ciudadanos en edades avanzadas, cuyo sector profesional se adscribe mayoritariamente a la ganadería o la agricultura. El ratio de adopción de las nuevas tecnologías en estas áreas no es precisamente alto, sobre todo porque son los propios habitantes los que deciden no hacer uso de ellas, ¿de verdad es imprescindible gastarse millones en llevar a cabo un plan en nombre de los habitantes de los pueblos, villas y demás poblaciones, por el que van a tener que pagar, y del cual no van a beneficiarse?, ¿van a desplazarse los emprendedores, autónomos y demás trabajadores de las grandes ciudades al campo para realizar sus tareas? Resulta difícil de creer.

Mientras el dividendo digital termina de implantarse, se calcula un beneficio neto para las operadoras telefónicas de entre 12.000 y 16.000 millones de euros. Cabe preguntarse: desarrollo económico sí, pero, ¿igual para todos?

Fotografía bajo licencia de Creative Commons realizada por Takkk.