La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Este nuevo proyecto del Ejecutivo, pretende remodelar los ayuntamientos y municipios para hacerlos más eficaces y rentables, “intentando evitar la multiplicidad de las competencias y por tanto, de los recursos públicos”, según declaro la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En concreto, la maniobra legislativa pergreñada por el gobierno pretende limitar las competencias de aquellos ayuntamientos que no superen los 20.000 habitantes, quedando éstos bajo tutela de las provincias, y establece, entre otras cosas, un techo salarial para los ediles.

La propuesta del PP no ha estado exenta de polémica y ha protagonizado numerosos debates públicos. Ha transcurrido año y medio desde que fue mostrado el primer borrador, y desde entonces, se han vivido diversos encontronazos en el Parlamento, donde eran habituales los abucheos y el vocerío cada vez que el Proyecto Ley salía a escena. En sus primeras versiones, el documento recogía la intención del Gobierno de eliminar municipios y sueldos o de reducir concejales, entre otras iniciativas, pero tras sucesivas consultas políticas, se han ido puliendo algunos aspectos hasta la presentación definitiva del proyecto.

Llegada la hora de la votación parlamentaria, los representantes mostraron su rechazo unánime, (todos salvo PNV y UPN, que votaron a favor a cambio de que se respete la autonomía foral del País Vasco y de Navarra, respectivamente) e incluso algunos partidos, como el PSOE, amenazaron con recurrir ante la Justicia alegando ilegalidad constitucional. Portavoces de CiU, ERC, Amaiur, Geroa Bai, BNG o Compromís, entre otros, manifestaron que la medida supone un “asalto a las autonomías” y que más que progresar, retrocede debido a la “recentralización”.

Dejando a un lado la controversia, lo único cierto es que con su publicación en el BOE, la LRSAL entró en vigor el martes 31 de Diciembre. El plan elaborado por el gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades a asumir la gestión de los servicios sanitarios de los municipios afectados en un plazo máximo de cinco años, así como los servicios sociales, para los que se prevé un período no superior a los dos años.

Cabe reseñar que aquellas comunidades que deseen delegar competencias en ayuntamientos locales, podrán hacerlo, pero sólo si ofrecen un pago a cambio, ya que de no hacerlo, Hacienda les retendrá el equivalente en las transferencias del sistema de financiación.