Esta medida fue aprobada por la Comisión Delegada General para Asuntos Económicos, que forma parte del plan del Gobierno para que autónomos y PYMES puedan cobrar las deudas pendientes con las diferentes administraciones. Las primeras fases del plan iban dirigidas a los servicios básicos (educación, servicios sociales, sanidad), ésta va enfocada a aquellos que no se adscribían a dichos servicios, expirando el plazo el 23 de Octubre. De esta manera las facturas pendientes comenzarían a cobrarse a partir del 1 de Diciembre.

La decisión ha generado cierta polémica, pues priorizará a aquellos que acepten una quita en la reclamación de lo adeudado, dejando a estas empresas en clara desventaja financiera respecto a otras, lo que además resulta contradictorio, pues perjudica precisamente a aquellos a los que más urge cobrar. La medida ha sido recibida por el sector con bastante tibieza, pues esto no ayuda precisamente a agilizar las dinámicas laborales del emprendimiento.

Esta nueva disposición se encamina al objetivo de que toda entidad económica liquide sus respectivas deudas y poder así cumplir con la Ley de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, pero no despeja ni arregla gran cosa, pues mientras que la Administración no perdona retrasos en los cobros, obliga a aceptar que dicha entidad tarde en pagar.