El Gobierno español pretende restringir las bonificaciones a la formación para las empresas con un máximo de cinco trabajadores, sirviéndose para ello de las enmiendas a los Presupuestos. Esta bonificación con cargo a los seguros sociales, por valor de 420 euros, sería suprimida debido a que, según el Gobierno “las evaluaciones realizadas han puesto de manifiesto […] que la formación no está alcanzando la calidad necesaria pese a su mayor coste” pues ha provocado “una proliferación excesiva de entidades organizadoras (cerca de 7000) que no siempre procuran la formación adecuada”.

La intención del Partido Popular es convertir esa ayuda en el 100% de los créditos formativos que se logran con las cuotas sociales (0,7% de la base de cotización) lo que para las microempresas, (según estimaciones de los expertos) no superaría los 80 o 90 euros como mucho de ayuda a la formación. Cifra muy lejana a los 420 euros que estaban estipulados hasta ahora. En 2012, 300.000 empresas hicieron uso de este sistema de ayuda al empleo, que costó 115 millones según Cepyme, la patronal de las pymes.

La reacción no se ha hecho esperar. En una carta remitida a la ministra de Empleo, Fátima Báñez y a los grupos parlamentarios del Congreso, Jesús Terciado, presidente de la mencionada patronal, advierte que “esta supresión excluiría, de salir adelante, del sistema de formación a las microempresas”.

Siempre según Terciado, “la mera existencia de alguna mala práctica, no debería perjudicar a la totalidad de las microempresas que utilizan la formación de manera correcta, sino que debería tratar de corregirse con otro tipo de medidas como una mayor actividad de control y seguimiento” y asegura que “no se han aportado datos que permitan hablar de un fraude generalizado, ni esta enmienda ha sido comentada con los interlocutores sociales, lo que hubiera permitido buscar soluciones”.